¿Cómo aprovechará Ortega las vacantes de la Corte y el Consejo?

Daniel Ortega tiene quizás una última oportunidad para demostrar buena fe, retomar el diálogo y abrir una puerta a cambios significativos para devolver la independencia y el profesionalismo a los poderes Judicial (CSJ) y Electoral (CSE), lo que a su vez pondrían un horizonte al fin de la crisis política, económica y social que vive el país. 

En abril se vence el período de todos los magistrados de la CSJ y la mayoría del CSE. La Asamblea Nacional, elegirá un pequeño ejército de altos funcionarios, más de 20 en total.

Para el régimen, que después de 10 meses de represión contra la ciudadanía enfrenta fuertes sanciones internacionales, limitaciones financieras, descontento generalizado a lo interno del país, esta podría ser la oportunidad de abrir una nueva puerta al diálogo; aunque también podría ponerle una pesada losa a las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses, o simplemente jugar a la sucia política.

Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez es muy probable que Ortega este viendo esta inusual situación como una oportunidad para hacer -una vez más- trampa política, “Ortega tratará de usar la elección de  magistrados para tres cosas: comprar voluntades, desprestigiar a los opositores y finalmente dividirlos”, advierte Núñez.

Pero Ortega tiene otro camino, puede decidir mantener la represión, no dar muestras de apertura, y así elegir o reelegir a fieles orteguistas, o murillistas, en todas esas posiciones, con eso pondría una losa sobre las posibilidades de iniciar un diálogo al menos en el mediano plazo.

Es por eso que Núñez, siempre en tono de advertencia, dice que “para evitar que el régimen saque toda la ventaja, la elección de magistrados deberá ser producto de un arreglo integral y no puntual”.

Hasta el momento Ortega no ha dado señales sinceras  de tener intenciones de abrir un nuevo diálogo, en palabras de un diplomático europeo  “ellos creen que ganaron una guerra y no ven necesidad de dialogar”. Sin embargo, por otro lado también hay señales de que “algo se está cocinando”:  Un indicio es que las reformas fiscales ─que la empresa privada ha advertido que causaría “graves estragos”─ no avanzan en la Asamblea Nacional y siguen en consulta, a pesar de que el orteguismo dispone de una supe mayoría parlamentaria auto adjudicada en las cuestionadas elecciones de 2016.

Otra señal es el optimismo que mantiene el Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw quien en recientes declaraciones dijo "tenemos mucha confianza y esperanza que aquí las cosas poco a poco se arreglen y vamos a tener un entendimiento a nivel social y político del país muy pronto”.

Liberación de presos políticos, justicia y elecciones adelantadas

Las reformas en los sistemas judicial y el adelanto de elecciones que sean observadas internacionalmente y organizadas por un Poder Electoral confiable han sido dos de las tres principales demandas de distintos sectores al gobierno. En la propuesta entregada por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a Ortega en junio de 2018, los obispos urgían el garantizar la separación e independencia de los poderes del Estado, para garantizar legitimidad, integridad y profesionalismo en el actuar judicial y electoral.

La tercera demanda que mantienen los diferentes sectores es la liberación de los presos políticos, que el régimen califica de “terroristas”. La posición en este punto es tan firme que ni las cámaras empresariales han aceptado discutir las reformas fiscales mientras existan presos políticos.

Pero a pesar que las presiones externas son cada vez más evidentes contra Ortega y su círculo de poder, Núñez cree que no serán suficientes.

“Lo que lo obligaría es el conjunto de cosas que provoquen que todo lo que es y tiene este en riesgo: dinero, partido y poder, esto es posible si y solo si la incapacidad de gobernar de Ortega hace que la inconformidad se traduzca en protesta y la protesta sería la pieza de cierre del rompecabezas para la transición” .

Eliseo Núñez, exdiputado opositor.

Sin embargo, el nivel de control policial que mantiene el régimen sobre la ciudadanía hace difícil que esa situación se pueda dar actualmente.

El CSE cambió para no cambiar nada

En 2014 y 2015, cuando se dieron los últimos cambios en el CSE, el orteguismo tenía total control del país y no existía el menor indicio que la oposición política de ese momento podría plantarle cara. El régimen, a través de la Asamblea Nacional donde ya tenía mayoría, eligió cómodamente a los magistrados de entre sus filas, o sea, cambió para no cambiar nada. El resultado fueron las elecciones presidenciales de 2016, con más del 60 por ciento de abstención y sin observación independiente.

En la designación de magistrados para el Poder Electoral en abril de 2014, los propietarios reelegidos fueron Roberto Rivas Reyes ─quien finalmente renunció en mayo de 2018 tras ser sancionado por Estados Unidos con la ley Global Magnitsky por corrupción─, Emmet Lang, Luis Benavides, José Luis Villavicencio ─quien renunció en enero de 2016─ y José Marenco Cardenal, quien falleció el 11 de junio de 2015.

En las designaciones de abril de 2014 también fueron nombrados como magistrados propietarios Johnny Torres ─que renunció en enero de 2016─ y Lumberto Campbell. Este ultimo pasó a ocupar la presidencia del Poder Electoral tras la renuncia de Rivas.

La CSJ no ha tocado las vacantes

En cambio, la Asamblea Nacional no ha llenado las vacantes que se han dado en el Poder Judicial por motivo de decesos (2015 y 2016), tampoco han electo magistrados para llenar las vacantes dejadas por renuncias en enero de este año, en el sonado caso del magistrado Rafael Solís, operador político de Ortega en la Corte, quien también renunció a su militancia sandinista, ni la de de Carlos Aguerri Hurtado, cuya renuncia le fue aceptada en enero, aunque él la puso a medidados del año pasado por motivos de salud.

A continuación la lista de magistrados de la CSJ que en cuestión de 60 días deberían ser electos por una Asamblea Nacional totalmente dominada por el orteguismo que, sin embargo, enfrenta una seria crisis sociopolítica y una debacle económica que está empujando a cientos de miles al desempleo y la pobreza. Lo que la Asamblea elija en abril, bajo un acuerdo político o bajo los caprichos de Ortega y Rosario Murillo, definirá el futuro de Nicaragua.