Las Organizaciones No Gubernamentales que defienden los derechos humanos o que promueven la democracia son las que más ataque han recibido de la dictadura. Foto: Cortesía
El 25 de febrero de 1990 marcó la derrota electoral del Frente Sandinista. Y con ella, la búsqueda de nuevos espacios, para que gran parte del liderazgo formado en ese partido continuara defendiendo los “derechos conquistados”. Las Organizaciones Sin Fines de Lucro, más conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron el terreno ideal para establecer sus nuevas trincheras.
Durante los siguientes 16 años de gobiernos no sandinistas, las demandas de organizaciones surgidas del FSLN recibieron el respaldo de su partido como líder de la oposición. A su vez, en una simbiosis, muchas de ellas respaldaban las exigencias del partido, que constantemente paralizaba el país con paros de transporte y tranques en calles y carreteras.
Los noventa fueron el momento idóneo para que las ONG se multiplicaran. La cooperación internacional otorgaba a la sociedad civil organizada, los recursos para asumir espacios de reivindicación, y atender demandas ignoradas por los gobiernos. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en esos años surgieron más de cinco mil y que antes de abril de 2018 funcionaban unas ocho mil.
En los últimos años participaron activamente en el proceso de transformación democrática, mediante la construcción de ciudadanía. Representantes de las organizaciones consultadas, consideran que el régimen califica esta actividad como una intromisión en asuntos políticos.
Aunque esta actitud del régimen no es nueva y ha empeorado desde abril del 2018, el año pasado se sacó de la manga una normativa que "viene a recopilar todas las acciones represivas, aplicadas en los últimos diez años para ahogar a las organizaciones", asegura una de las representantes de las ONG. consultadas.
"Nos pone dificultades y esto es dirigido. No es casual que las que andan metidas en la defensa de derechos humanos y otros que ellos no quieren respetar, sean a las que peor tratan. Quieren controlar y sancionar con el manto amplio del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
Directiva de ONG
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Pero con el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, la relación tomó otro rumbo. El orteguismo inició una persecución y estrangulamiento económico hacia ellas.
Muchas de sus antiguas aliadas engrosaron la nueva lista de enemigos. Y esta se multiplicó a partir de abril de 2018; cuando el régimen acusó a varias de promover y financiar un supuesto “golpe de Estado”, de lavar dinero y financiar a grupos terroristas.
Durante sus trece años de mandato, Ortega se ha ensañado principalmente con las ONG vinculadas a disidentes de su partido. Incluso ha cerrado algunas. Ahora al acoso, se suma un nuevo reglamento, que muchos señalan que violan sus derechos. Además, la “discrecionalidad y arbitrariedad” con que se aplica, lo convierte en una espada de Damocles contra su existencia.
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Pero el acoso y la persecución no empezaron en 2018. Las organizaciones siempre fueron la piedra en el zapato de los gobiernos liberales. Pero obviamente, nunca hubo tanta agresividad como a partir del 2007, dice la representante de una de tantas ONG que prefiere el anonimato por temor a represión.
Añade que incluso, la ruptura de las organizaciones feministas y algunas defensoras de Derechos Humanos, data desde 1998. Por el respaldo que estas le otorgaron a Zoilamérica Narváez, cuando acusó a Ortega de haber abusado sexualmente de ella durante gran parte de su niñez e infancia.
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Ese distanciamiento se agudizó en 2007, Cuando al retornar al poder Ortega dejó claro que no quería más demandas sociales, ni señalamientos sobre su gestión. Su interés de callar a las organizaciones, se junto con la crisis económica mundial del 2008, que en los años siguientes redujo considerablemente los recursos destinados a la cooperación.
“Ortega aprovechó el contexto internacional para endurecer el control de los recursos que la cooperación aportaba a estas organizaciones. Provocó incluso que algunos donantes abandonaran el país”, dice otra representante de una ONG que también pide omitir su nombre.
La Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, rige a estas organizaciones desde 1992. En esa época no era obligatorio emitir un reglamento. Ortega se aprovechó de ello para emitir normativas que el Ministerio de Gobernación aplicaría discrecionalmente.
El primer intento de asfixiarlas, a través de una normativa fue en 2008. Sin embargo, varias organizaciones se ampararon ante la Corte Suprema de Justicia y extrañamente este poder del Estado falló a favor de ellas, por lo que ese intento falló.
“Sin embargo, tienen diez años de estar aplicando la ley a su antojo. Ha sido un plan dirigido contra un grupo de organizaciones a las que un día nos piden uno cosa y al otro día otra”, dice otro de los afectados.
Como consecuencia de este constante cambio de reglas, en los últimos años muchas organizaciones no han recibido las constancias necesarias para abrir o mantener cuentas en los bancos. Al no tener una cuenta, es casi imposible acceder a recursos de la cooperación.
Como parte de la respuesta represiva del régimen al estallido social de abril de 2018, en diciembre de ese año le quitó la personería jurídica a nueve organizaciones, a las que además confiscó sus bienes.
En una antojadiza aplicación de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Asamblea Nacional retiró la personería a:
Todas ellas, reconocidas por denunciar los atropellos a la institucionalidad democrática y las violaciones a los derechos humanos. Además, durante la fase más cruenta de la represión, documentaron las violaciones a los derechos humanos y las denunciaron a nivel nacional e internacional.
Un año después de suspender la personería a esas nueve organizaciones, se publicó una nueva normativa. Muchos consideran que en lugar de estar enfocada en la Ley 147, lo está en la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que además ya tiene su propio reglamento.
Representantes de organizaciones consultadas, aseguran que la nueva normativa se conoció cuando fue publicada en el sitio web del Ministerio de Gobernación en la segunda semana de diciembre de 2019. Sin embargo, tiene fecha de abril de ese año.
Entre las amenazas que se identifican en ella se encuentran: la obligación de firmar acta-compromiso para "no incluir en sus proyectos, programas o acciones de tipo políticos partidarios, sean estas de forma directa o indirecta”.
Según la nueva regla, a los informes financieros que siempre han presentado, ahora deben adjuntar la cartera de proyectos. De estos deben detallar, el impacto social que provocarán y sus fuentes de financiamiento. También, que las organizaciones extranjeras no pueden intervenir en política partidaria, ni violentar sus objetivos de creación.
Además, la obligan a informar al Ministerio de Gobernación de las gestiones previas a la recepción de donaciones, así como el destino final de estas. Deberán conservar por un periodo, de al menos 10 años los registros de las transacciones nacionales e internacionales y tenerlos a disposición de las autoridades competentes, cuando se requieran.
También ordena verificar que el destino de los fondos obtenidos sea acorde con los fines y objetivos por los cuales se constituyeron las organizaciones.
Las organizaciones quedan obligadas a compartir información relevante de forma expedita con autoridades, cuando exista sospecha de vulnerabilidad ante el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
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