La farsa de la reforma electoral y la apuesta que debe hacer la oposición»
En enero de 2017 Daniel Ortega tomó posesión de para un tercer periodo consecutivo. Foto tomada del portal oficial El 19 Digital
Ramón J. Meneses
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El régimen aprobará una reforma electoral que no propiciará condiciones para un proceso transparente por lo que la oposición debe decidir de consenso si participar o no
En el escenario de la política nicaragüense Daniel Ortega es un especialista en el engaño y la mentira. La propuesta de reforma electoral que presentó su bancada el pasado 12 de abril es una trampa, un “bluff”. Y a la vez es una acción que evidencia las maniobras que puede realizar para salir victorioso después de un nuevo fraude.
Pero Daniel Ortega —y Rosario Murillo— no están jugando ajedrez. A nivel estratégico ya perdieron. Juegan al poker político en el cual son expertos.
Además de tener las cartas en la mano y sus habilidades en bluffing, mantienen el control de la mesa de juego; con matones listos para acribillar a los oponentes, si se resisten o ganan el juego. Como todo buen tramposo, está bien preparados.
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La propuesta de “reformas” presentadas es una burla, una maniobra contra de elecciones libres y transparentes. Evidencia, como señala el Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), “la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables.”
Con esa propuesta Ortega triplicó las apuestas, para ver cómo reacciona el adversario, para analizar si está enfocado o distraído. Hasta el momento, la apuesta se igualó, nadie se salió del juego. Eso se esperaba, estaba calculado, pero sucedió algo inesperado.
Propuesta de reforma provoca pequeño movimiento hacia la unidad
Hubo un pequeño movimiento hacia la unidad/alianza electoral. Los precandidatos de la oposición emitieron una posición conjunta contra la propuesta de “reformas”; más de 50 organizaciones hicieron un pronunciamiento conjunto, los partidos políticos también reaccionaron. Y el GPRE hizo una valoración política y un análisis jurídico y técnico de la propuesta; concluyeron que es una contrarreforma que va en contra las recomendaciones de la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 21 de octubre de 2020.
Este rechazo unánime a la propuesta de “reformas”; y la posición asumida por los partidos políticos con personería jurídica ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional sobre elecciones libres y transparentes, apuntan a que la bancada sandinista hará algunas modificaciones a la propuesta original, y aprobará la reforma con la cual supuestamente participaremos en las elecciones.
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Y aquí está su principal bluff. Ortega quiere que creamos que tiene una mano ganadora y que para facilitarle la victoria no subamos la apuesta. La propuesta de contrarreforma o “reforma” será modificada o cambiada. Pero no creará condiciones distintas a las que existieron en las elecciones del 2011. Es decir, la Asamblea Nacional sandinista quiere que en noviembre del 2021 juguemos bajo unas reglas con las que nunca podremos ganar.
El Centro Carter, después de analizar varios aspectos, incluido el fraude electoral del 2008, calificó el contexto en el que realizaron las elecciones del 2011 como “un proceso electoral profundamente viciado".
En 2011 no fue posible defender el voto
En 2011 se le tapó el radar a Dante Caputo, jefe de la Misión Electoral de la OEA, y a Luis Yáñez, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE); a ambos se les restringió la capacidad de movilización y observación. Además, se evidenció que todos los controles para unas elecciones libres y transparentes habían sido eliminados.
El domingo 6 de noviembre del 2011, día de la votación, el Consejo Supremo Electoral (CSE) puso en marcha todas las acciones y medidas preparadas para consumar el fraude electoral. Ortega tenía control de los agentes de este poder del Estado y de todo el proceso; desde los magistrados del CSE hasta las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
La Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) sabía que ganaría y que Ortega haría fraude; aun así participó en el proceso, pensando que podría defender el voto. Pero eso fue imposible. Ningún informe de la OEA, la UE o el Centro Carter me lo tiene que decir, yo estuve allí. Fui miembro suplente de la Alianza PLI en una JRV en la UCA.
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La constatada y descarada falta de neutralidad del CSE permitió que “las condiciones de la competencia no fueran equitativas”; y peor aún, que “abiertamente se obstaculizara a la oposición”. Ningún partido de oposición aceptó los resultados de las elecciones y las “irregularidades” quedaron plasmadas en los informes de los organismos internacionales.
Pero no pasó nada. Ortega obtuvo lo que quería: el monopolio del poder y la consolidación de la hegemonía de un solo partido. Los diputados de la Alianza PLI asumieron su escaño para “ocupar parcelas de poder” que no les servían para nada; excepto denunciar los abusos del régimen y “contar con más información.”
En 2011 se eliminó la observación electoral
El manejo de procesos de negociación anteriores, hace que Ortega sea un jugador predecible, que además nos obliga a jugar con hechos ya consumados. El inescrupuloso de Ortega llama “sinvergüenzas” a los observadores internacionales, para que no participen con todas las reglas que deben regir su misión. Una de sus principales apuestas en el 2011 fue limitar la observación electoral y comenzar a usar el término acompañamiento; tal como lo hizo en el 2016 y lo está haciendo ahora.
La OEA no cuestionó el término, tampoco la misión de observación de la UE; los observadores llegaron al país cuando faltaba menos de un mes para las elecciones. El Centro Carter se negó a jugar bajo las reglas de la dictadura y no solicitó acreditación.
"Las reglas del acompañamiento (o de observación electoral) de Ortega son incompatibles con la Declaración de Principios para la Observación Internacional, auspiciadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU)", señaló el Centro Carter, organismo que también contribuyó a redactarlas.
Por lo tanto, la observación electoral debe ser una demanda sine que non para participar en el proceso electoral. Pero bajo los principios internacionales. Porque la observación “forma parte de la supervisión internacional de los derechos humanos”; y porque como se señala en los mismos: “las elecciones democráticas auténticas sirven para resolver pacíficamente la competencia por el poder político dentro de un país y consiguientemente son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la estabilidad”.
Elecciones para un cambio pacífico y democrático
Desde el 2011, el control de Ortega “sobre el poder Electoral le permite manipular los procedimientos que determinan los resultados con anticipación”, señalan Mario Sánchez y Hloreley Osorio (en el libro de la UCA: Nicaragua 2018 La insurrección cívica de abril).
Ciertamente, nuestra experiencia en 2011 y 2016 nos orienta a no jugar bajo las reglas de Ortega. Hay que exigir el cumplimiento de la resolución de octubre 2020 de la OEA, principalmente sobre los estándares internacionales para elecciones libres, justas y transparentes. Porque Ortega está obligado a realizar las elecciones de noviembre del 2021 y con solo abrir el proceso cometerá errores que pueden y deben ser aprovechados por la oposición.
La oposición azul y blanco tiene que aprovechar esta oportunidad para un cambio pacífico y democrático. En primero lugar debe tener seguridad en sí misma, en lo que representa y por lo que lucha; y teniendo en mente sus fortalezas y debilidades, debe actuar con astucia, audacia y valentía.
Foto tomada del portal oficial El 19 Digital
Oposición debe saber apostar
Ante la propuesta final de reformas electorales, la oposición azul y blanco debe revisar muy bien sus cartas y acciones (saber apostar y saber “bluffear”), entre las cuales están:
- Demandar como condición sine qua non que el régimen Ortega Murillo cumpla con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica en marzo del 2019; porque para el proceso electoral debe garantizar todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
- Aprovechar la oportunidad de hacer un análisis conjunto de la propuesta final de reformas electorales para forjar la unidad/alianza electoral.
- Continuar fortaleciendo la organización de la Coalición Nacional y de la Alianza Ciudadana, y la capacidad de resistencia del pueblo azul y blanco. También cumplir con el mandato de unidad y de un candidato/a única; porque si eso ocurre, el pueblo saldrá a votar masivamente.
- Cabildear y esperar que la OEA se pronuncie primero, sobre sí las reformas electorales finales que apruebe el régimen cumplen con su solicitud de que sean “significativas y coherentes con las normas internacionales”.
- Exigir la modernización y neutralidad del nuevo CSE que continuará bajo el control de Daniel Ortega, con todo lo que eso implica. Esto obliga a la oposición a analizar junto con los observadores internacionales, las irregularidades detectadas. Tmbién las recomendaciones de las misiones de observación de la OEA y la UE y el estudio del Centro Carter, principalmente en lo relacionado a “preñar” las urnas en las JRV, que fue la principal acción del fraude del 2011.
- Aprovechar que la atención de los principales países, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos está puesta en el proceso electoral y que no están dispuestos “a blanquear” el resultado de las elecciones, para forjar un mayor consenso sobre presiones y sanciones conjuntas, incluyendo la aprobación de la Ley RENACER.
- Comunicar de manera más efectiva a la comunidad internacional que los esfuerzos para restringir los derechos fundamentales de la ciudadanía no iniciaron en abril del 2018, sino desde 2008. Cuando se eliminó la “competencia multipartidaria” e inició la consolidación de “un estilo de ejercer la autoridad de un modo autoritario y abusivo”, como lo llamaron los obispos en 2014.
Participar debe ser decisión conjunta
Por todo esto, participar o no en el proceso electoral, debe ser una decisión de consenso; y debe surgir de un análisis y decisión conjunta de las dos organizaciones que representan el Espíritu de Abril: la Alianza Cívica (Alianza Ciudadana) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (Coalición Nacional).
Dicha decisión debe fundamentarse en el hecho de que el proceso electoral del 2011 sentó el precedente de que ser la segunda fuerza después de un fraude electoral no significa nada, ni cambia nada; ni representará ninguna cuota de poder para negociar, porque seguiríamos bajo un estado policial de facto legitimado.
Un proverbio árabe dice que “la primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía”. Representar el espíritu de abril significa no permitir que la dictadura continúe más allá de enero del 2022; y si lo hace a través de un fraude, que no tenga ninguna legitimidad y que sea declarado un estado paria con sus días contados.
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