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El uso del préstamo del FMI para cubrir el déficit del INSS debería sonar las alarmas»

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Lucydalia Baca Castellón

// 11 de diciembre de 2020

La acción del régimen con el INSS es equivalente a la desesperada "solución" de una persona que, estando altamente endeudada, utiliza la disponibilidad en efectivo de una tarjeta de crédito para pagar la cuota atrasada de otra tarjeta.

Mientras la crisis política ─que estalló en 2018 por la imposición de una reforma la seguridad social─ acapara la atención de los nicaragüenses, el sistema se cae a pedazos. Las ya deterioradas finanzas del Instituto Nicaragüense Seguridad Social (INSS) se han seguido deteriorando y las opciones para salvarlo son cada día más escasas.

Incluso, algunos especialistas consideran que una vez superada la crisis política, las nuevas autoridades deberían establecer un nuevo modelo de seguridad social. Porque al actual ya no le queda espacio para más parches; como los que se han puesto en los últimos años para retrasar su quiebra.

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En 2013 la entidad comenzó a registrar déficits, que han crecido anualmente. Las proyecciones indican que en 2020 el déficit global será de 6,248 millones de córdobas (unos 180 millones de dólares) y en 2021 de 8,050 millones de córdobas (unos 225 millones de dólares).

La fallida reforma de abril de 2018, entre otras cosas, imponía una retención a las pensiones y elevaba el aporte de empleadores y trabajadores. Aunque a los pocos días fue derogada, en febrero de 2019 se impuso otra que elevó aún más el aporte, incluido el estatal.

Antes de la aplicación de dicha reforma, Nicaragua ya era el país de Centroamérica con la carga más alta. Con la aplicación de la reforma de 2019, se convirtió en el tercero con el aporte más alto en Latinoamérica, superado únicamente por Brasil y Colombia.

Malos manejos y pérdida de afiliados

Ni el incremento de estos aportes, ni el pago de la llamada deuda histórica calculada en 500 millones de dólares que el Estado comenzó a pagar en cuotas anuales, han frenado el deterioro de las finanzas del INSS. Pues no se resolvieron los problemas de fondo, entre ellos el mal manejo de las inversiones y los excesivos gastos administrativos.

Además, según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN) desde que inicio la crisis sociopolítica en 2018, el INSS ha perdido 217,797 afiliados. En marzo de 2018 tenía cerca de 900 mil y aunque a recuperado algunos todavía está lejos de esa cifra. En octubre de este año tenía 707,913 asegurados.

Tapan hueco financiero con deuda

El pasado 20 de noviembre el FMI le aprobó a Nicaragua un fondo de 185.32 millones de dólares para atender necesidades derivadas de la pandemia de Covid-19. Pero no todo el dinero llegó a las arcas del Estado. Para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos el régimen se comprometió a entregar la mitad del monto, a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS por su sigla en inglés) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA); para que ellos ejecuten los proyectos.

Del resto, prácticamente la mitad, o sea unos 90 millones de dólares, el régimen utilizó gran parte para cubrir parcialmente el déficit del INSS. En la reforma al Presupuesto General de la República del 2020, aprobada recientemente, se transfirieren al INSS 2,084 millones de córdobas (unos 60 millones de dólares), en concepto de abono a la deuda histórica.

La acción del régimen es equivalente a la desesperada "solución" de una persona que, estando altamente endeudada, utiliza la disponibilidad en efectivo de una tarjeta de crédito para pagar la cuota atrasada de otra tarjeta.

El jueguito no dará para más allá del 2021

Según un economista que prefiere no ser citado, en 2021 “el déficit del INSS podría financiarse reduciendo en 60 por ciento el porcentaje de las transferencias municipales establecido por la ley”. También “directa o indirectamente mediante nueva deuda externa y/o interna”. Pero esta situación no podría repetirse más allá de 2021. Por lo que coincide con The Economist Intelligence Unit, en que en 2022 el régimen se verá obligado a aprobar una “reforma salvaje, más que draconiana”.

En su reporte de noviembre, The Economist Intelligence Unit, reconoce la gravedad del déficit del INSS y otros entes estatales, entre ellos Enatrel, Enel y Enacal. Por lo que considera que en 2022 el régimen tendría que aprobar una nueva reforma a la seguridad social.

Pero todo pasa por una solución a la crisis política

Sin embargo, advierte que sin una solución a la crisis política y mejoras significativas en el entorno empresarial, el INSS no podrá hacer crecer su base de contribuyentes a un ritmo significativo; por lo que el déficit seguirá creciendo.

Roger Murillo, actuario en seguridad social, considera que mientras Daniel Ortega permanezca en el poder tendrá que seguir cubriendo los déficits del INSS; aunque para ello tenga que seguir endeudando al país. Ya que la Constitución establece que el Estado debe garantizar las pensiones. Es por ello que considera que ante la falta de capacidad para resolver este problema debería renunciar.

¿Nuevo sistema de pensiones?

Otra opción que le quedaría es seguir reduciendo beneficios o aprobar una nueva reforma “grosera” con los trabajadores y empresarios. Pero Murillo considera que el aporte ya es tan elevado que ya nadie querrá pagar más.

Según los especialistas el problema de fondo es que, como resultado del envejecimiento de la población; el costo del pago de pensiones y de la adquisición de servicios médicos aumentan rápidamente. Según Murillo actualmente existe una relación de dos trabajadores cotizantes por cada pensionado; cuando la relación debería ser como mínimo cinco cotizantes por cada pensionado.

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Los puntos que requiere una verdadera reforma integral

Para Murillo, después de una solución política, lo siguiente sería el establecimiento de un nuevo modelo de seguridad social. Él apuesta por el sistema de cuentas individuales. Este garantiza pensiones únicamente a los que ahorran y se limitan a entregar el monto ahorrado.

Por su parte, a inicios de este año el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET) advirtió de la necesidad de una reforma integral.

El estudio: La seguridad social en Nicaragua, diagnóstico para su reforma; elaborado por Carmelo Mesa-Lago, con la colaboración de los especialistas locales: Adolfo José Acevedo Vogl, Manuel Israel Ruiz Arias y Sergio Santamaría; determina que para alargar la vida útil del INSS, se requiere una reforma integral que necesita condiciones básicas previas. Entre ellas:

Superar la actual crisis económico-política
Promover un modelo de reforma paramétrica en vez de estructural
Realizar un diálogo social previo en busca de consenso
Unificar la legislación
Garantizar la real autonomía del INSS
Publicar las estadísticas faltantes
Promover la transparencia y educación ciudadana

Luego, para restaurar el equilibrio financiero-actuarial, se debe:

Separar los fondos y reservas de los programas, prohibiendo las transferencias entre ellos.
Previo estudio actuarial y diálogo social; considerar cambios en el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): esos cambios incluyen edad de retiro, periodo cotización, tasa remplazo.
Acortar el periodo de pago de deuda estatal al INSS que hasta hace poco era de 500 millones de dólares; pero se han hecho algunos aportes.
Reducir la evasión y moras con medidas específicas.
Pasar al Estado pensiones de guerra, pensiones reducidas y pensiones no contributivas.
Determinar la forma de financiar la cobertura de salud a pensionados

Para aumentar el rendimiento de las inversiones, el estudio propone entre otras cosas:

Reemplazar el Reglamento de 2008 con Ley que regule los instrumentos de inversión y les fije cuotas.
Crear una comisión técnica autónoma que supervise las inversiones.
Poner fin a las inversiones subsidiadas no rentables: infraestructura salud, préstamos y vivienda sociales.
Reducir el gasto administrativo del 12 por ciento al 6.5 por ciento del gasto total, tal como lo establece la ley. Y determinar si este porcentaje es adecuado.
Ajustar los salarios del personal del INSS al nivel de los del gobierno central.
Eliminar el segundo aguinaldo y el beneficio de la pensión de empleados igual al 100 por ciento del salario base.
Incorporar en el Anuario Estadístico indicadores de eficiencia.

Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo la reforma debe incrementar la formalización laboral; ya que actualmente el 72 por ciento de la PEA es informal. Por lo que el estudio aconseja:

Adaptar el sistema al mercado laboral: simplificar registro y pago, flexibilidad, monotributo.
Revertir caída en cobertura voluntaria en régimen facultativo.
Determinar quiénes están cubiertos en salud y pensiones y sus características.
Establecer cronograma para incorporar a grupos difíciles de afiliar.
Establecer cobertura obligatoria. Podría darse subsidio a trabajadores por cuenta propia.
Ajustar cotización (con prestaciones) para grupos de bajo y errático ingreso, organizar a los trabajadores por cuenta propia en sindicatos y asociaciones.