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Nicaragua podría salir del Cafta, ¿en serio?»

Nicaragua podría salir del Cafta, ¿en serio?

Lucydalia Baca Castellón

@bacalucydalia

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Sin Cafta, Nicaragua no tendría beneficios arancelarios que se pueden traducir en cien mil empleos menos y tres mil millones de dólares en pérdidas

Ante la ausencia de voluntad por parte del régimen Ortega-Murillo para resolver la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril del 2018, la s consecuencias que esto provocaría siguen latentes y en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que Estados Unidos suspenda a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio firmado con los países de la región (DR-Cafta, por su sigla en inglés); la decisión se tomaría argumentando que Nicaragua representa un problema de seguridad nacional para ese país.

La pérdida de los beneficios arancelarios que otorga el Cafta (como comúnmente se conoce al tratado) sería devastador para la deteriorada economía local; que el año pasado entró en recesión y en 2019 se contraerá por segundo año consecutivo.

El convenio no establece mecanismos para la expulsión o suspensión de los países miembros. Pero funcionarios estadounidenses han explicado que debido a la agudización de la crisis sociopolítica que el país enfrenta desde abril del 2018; y a la negativa del régimen Ortega-Murillo de frenar las violaciones a los derechos humanos y la represión contra la población, han buscado los mecanismos para  suspenderlo.

La falta de voluntad de Ortega para encontrar una salida a la crisis, hizo que a finales del año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijera que la situación es una "extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional", de su país. Por tanto, le bastaría publicar una orden ejecutiva para que Nicaragua quede fuera del Cafta.

Provocaría efectos graves para el país

De concretarse, esta se convertiría en la primera acción emprendida por Estados Unidos que afectaría directamente al país. Hasta ahora las que se han impulsado, derivadas de la Ley Magnitsky y de la Nica Act son individuales; y afectan a funcionarios y allegados al régimen señalados de violar los derechos humanos y de cometer actos de corrupción.

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Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua; y la pérdida de ese mercado o tener que pagar los impuestos establecidos,  frenaría el ingreso de divisas. Ya que cada año más de la mitad de las exportaciones totales, (tradicionales y de zona franca) que representan más de tres mil millones de dólares, tienen como destino el mercado estadounidense.

Por ejemplo, en 2018, de los 2,516 millones de dólares que Nicaragua obtuvo por la exportación total de mercancías, el 42.3 por ciento, es decir 1,065 millones de dólares se obtuvieron en el mercado estadounidense; de los 2,870 millones de dólares que generaron las exportaciones de bienes de zona franca 2,174 millones de dólares, que representan el 75.8 por ciento de las ventas totales fueron aportados por ese país, detallan las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), al perder los beneficios arancelarios que otorga el Cafta, se podría seguir enviando productos a ese mercado.  Pero “las exportaciones hacia los Estados Unidos sufrirían un incremento directo de precio, en la misma proporción del monto de los aranceles o de los impuestos a la importación (o de ambos) que se tuvieren que pagar dependiendo de las decisiones que se tomen”.

No será fácil para Nicaragua encontrar otros mercados

Hasta ahora no se ha determinado cuánto subirá el precio de los productos al pagar los aranceles o impuestos. Pero Aguerri considera que ese incremento sacaría del mercado a los productos locales por la vía del precio; ya que podría provocar que los compradores suspendan los pedidos o reduzcan los volúmenes de compra.

Además, el presidente de Cosep no descarta que la situación se complique aún más si Estados Unidos presiona a sus importadores para que no hagan compras en Nicaragua; y considera que “no será tan fácil” encontrar otros mercados para colocar los productos que ya no puedan enviarse a Estados Unidos.

En un escenario menos dramático la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), considera que ante la pérdida competitividad que enfrentarían los principales productos de exportación, en el mejor de los casos los sectores afectados registrarán una disminución en sus ganancias.

Pero las consecuencias no impactarían únicamente en la macroeconomía. El ciudadano de a pie también sería afectado por la merma de oportunidades en el mercado laboral; principalmente en el sector de zona franca, donde estarían en riego los 123,853 empleos formales que ofrecían en febrero (dato más reciente publicado por el BCN) las 187 empresas inscritas en ese régimen. Además, inversionistas estadounidenses podrían cerrar sus empresas o suspender sus inversiones.

>> Aquí puede revisar las estadísticas de zona franca que publica el Banco Central <<

“Cerca de 125,000 nicaragüenses trabajan en las zonas francas regadas por todo el país; lo cual significa el sostén de 125,000 familias, aproximadamente medio millón de nicaragüenses. Esto contribuye también a una mayor formalidad en el empleo y a generar miles de empleos indirectos".

Arturo Cruz, catedrático y exembajador de Nicaragua en Estados Unidos.

Sindicatos del orteguismo acusan a empresarios

Ante el temor de que el empleo de zona franca sea afectado, el secretario general de la Central Sandinista de  Trabajadores (CST), Roberto González reaccionó. Él acusa a “sectores del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de Amcham” de promover una campaña sostenida para que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos apliquen este tipo de medidas para Nicaragua.

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Al acusar a los dirigentes de las organizaciones empresariales, González ignoró que hasta ahora Estados Unidos solo ha aplicado restricciones individuales. Y que los afectados han sido funcionarios señalados por organismos internacionales de violar los derechos humanos y de cometer actos de corrupción.

Indagan mecanismo de expulsión

Mario Arana, presidente de Amcham y miembro de la Alianza Cívica negó que el sector privado esté abogando para que Nicaragua sea suspendida del Cafta; y explicó que funcionarios estadounidenses les han informado que ante la falta de voluntad de Ortega para resolver la crisis, es que han considerado aplicar esta medida. Además, admitió que de concretarse provocaría graves afectaciones.

“Lo que ha ocurrido es que, en conversaciones que hemos tenido se nos ha dicho con mucha claridad que esta posibilidad está siendo considerada”, aseguró Arana y añadió que han indagado el mecanismo que se utilizaría para dejar fuera a Nicaragua de ese convenio.

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“En teoría no es tan fácil salirse unilateralmente de un acuerdo de este índole. Pero nos han explicado y en particular argumentan que Nicaragua cae bajo la categoría de un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos; y como tal, con una orden ejecutiva ellos pudiesen suspender a Nicaragua del tratado”, detalló Arana.

También afectaría a consumidores

El presidente de Cosep considera que los despidos se darían en función de la reducción de los volúmenes de venta o colocación de los productos y bienes de zona franca.  “Esto incrementaría nuestra tasa de desempleo; y reduciría la captación de divisas por exportaciones lo que afectaría nuestro crecimiento”, señala Aguerri y añade que todo esto podría provocar también el cierre de empresas.

Otra afectación no menos importante que según Funides provocaría, sería en el área del consumo. Ya que el precio de muchos de los productos que Nicaragua importa de Estados Unidos se elevaría.

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Para Funides a los efectos directos que ya se mencionaron, se sumarían otros ocasionados de forma indirecta en la inversión, por dos motivos: Nicaragua se volvería menos competitiva; y porque una suspensión implicaría un entorno poco amigable para hacer negocios. Esto desalentaría a los inversores a elegir Nicaragua como destino para sus inversiones.  

“En general, lo anterior tendría un importante efecto negativo en el empleo, la productividad, las exportaciones y la generación de divisas; y por supuesto en el crecimiento económico. Hay que tomar en cuenta que el país atraviesa la peor recesión desde los años 80; y que una suspensión del Cafta profundizaría la crisis mucho más”, dice un análisis de Funides.

Arana concluyó recordando que el sector privado sigue apostando por encontrar una salida política a la crisis; ya que solo así podrá evitarse que la economía siga destruyéndose.

​“De ahí que realmente lo que decimos más bien como sector privado es que estamos acá para darle una salida a la crisis política del país; quien atrasa no somos nosotros, es esta administración, este régimen que aparentemente no quiere darle una salida a la crisis del país”, insistió Arana.

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