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Eventual expulsión del AdA no cerraría mercados, pero quitaría beneficios»

Eventual expulsión del AdA no cerraría mercados, pero quitaría beneficios

Imagen tomada de Freepik

Lucydalia Baca Castellón

@bacalucydalia

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Al sacar al país del AdA las exportaciones tendrían que pagar todos los aranceles para entrar a Europa, como efecto dominó Estados Unidos podría hacer lo mismo con el Cafta

Daniel Ortega continúa con su plan para llegar a noviembre  de 2021 con suficientes ventajas para garantizarse un proceso electoral que le permita permanecer en el poder por cinco años más; sin embargo, tal como advertimos el primero de octubre, su plan Tridente ha reactivado la presión internacional al tratar de promover una serie de leyes totalitarias que prácticamente aniquilarían la posibilidad de elecciones libres. Estas leyes son:

  • La de Agentes Extranjeros que afectaría a toda persona y organización que reciba recursos del exterior;
  • la de Ciberdelitos, que pretende censurar la libertad de expresión en las redes sociales;
  • y la reforma del Código Penal para imponer la cadena perpetua para quienes cometan delitos de “odio”, que  podrían clasificarse a discreción del régimen.

Como parte de la presión internacional, el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución. En ella amenaza con más sanciones individuales a integrantes del círculo de poder del régimen y directamente a Murillo (ya sancionada por Estados Unidos) y al propio Ortega.

También hemos escrito: El peso de las sanciones, ¿por qué Ortega les teme tanto?

Además, la resolución solicita, en caso de que el régimen apruebe las leyes represivas, la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA). Medida que impactaría en las exportaciones; y deterioraría aún más la enclenque economía nicaragüense, que luego de tres años de recesión está entrando a una etapa crítica de depresión.

Solo 21 eurodiputados de casi 700 se opusieron

Con la oposición de solo 21 eurodiputados, 609 de un total de 694 eurodiputados aprobaron una nueva resolución. En ella piden al Consejo de la Unión Europea (UE), que de concretarse estas amenazas responda con sanciones individuales. Estas se aplicarían a integrantes del círculo de poder del régimen. Y menciona también la posibilidad de activar la clausula democrática establecida en el texto del Acuerdo de Asociación (AdA).

¿Qué dice el texto del AdA?

En sus disposiciones generales, el artículo 1 dice: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho sustenta las políticas internas e internacionales de ambas Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Mientras que el artículo 3 establece: “las Partes reafirman su adhesión a la buena gobernanza y al Estado de Derecho, lo que supone, en particular, el imperio de la ley, la separación de los Poderes, la independencia del Poder Judicial, procedimientos claros de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas, instituciones transparentes y responsables, la administración eficiente y transparente de los asuntos públicos a nivel local, regional y nacional, y la aplicación de medidas destinadas a prevenir y combatir la corrupción”.

Si ese artículo se aplicara al pie de la letra, el régimen estaría ipso facto fuera del AdA, pero el mundo no funciona así; sin embargo, si Ortega concreta su amenaza, los eurodiputados podrían presionar a la Comisión de la UE para que haga lo que se le pide en la resolución.

Aunque esto tomaría tiempo, de llegar a concretarse no implicaría el cierre de ese mercado a los productos nicaragüenses. Pero sí la pérdida de los beneficios  arancelarias que ofrece el acuerdo. Eso significa que para seguir vendiéndolos en el mercado de la UE se tendrían que pagar los aranceles establecidos para cada producto.

Les dejaría fuera por falta de competitividad

Según Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dicho pago afectaría a las empresas, pues las haría perder competitividad ante sus competidoras de la región; que al no pagar aranceles podrían ofrecer sus productos a precios más bajos.

“Ellos (los eurodiputados) saben que en el momento en que se saque a Nicaragua del Acuerdo de Asociación, lo que va suceder es que las empresas privadas que son las que exportan, son las que van a sufrir; y se afectaría la economía más de lo que ya está afectada”.

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

Según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), en el primer cuatrimestre de 2019 las exportaciones al mercado europeo generaron 113 millones de dólares. Los productos que se enviaron fueron:  

  • Café
  • Langosta
  • Camarón
  • Maní
  • Azúcar
  • Frijol
  • Banano
  • Tabaco en rama
  • Industria tabaco
  • Bebidas
  • Productos químicos y
  • Otros

En 2017 fue el tercer comprador

Ese es el último y único dato oficial sobre los envíos a ese mercado y de las exportaciones en general. Ya que el BCN tiene deshabilitado el servicio para revisar las estadísticas históricas.  Sin embargo, según algunos informes divulgados por esa institución en 2017 la UE se consolidó como el tercer mercado para los productos nicaragüenses.

Este solo fue superado por Estados Unidos que tradicionalmente ha sido el principal socio comercial del país; y absorbe cerca del 50 por ciento del total de las exportaciones. Centroamérica visto como región, es el segundo gran comprador de los productos locales.

Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), en 2017 el envío de productos al mercado internacional, sin incluir los de zona franca, generó 2,645 millones de dólares.  Un poco más de mil millones de dólares se obtuvieron en el mercado estadounidense. Centroamérica compró 610 millones de dólares en productos y Europa 307 millones.

Otro temor de Jacoby es que de concretarse las peticiones establecidas por los eurodiputados en la resolución, podría tener repercusión mundial. Él considera que Estados Unidos también podría optar por aplicar esa clausula. En su caso, al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta por su sigla en inglés.

“Estados Unidos ya tiene otro mecanismo de sanción que ha estado utilizando. Pero en la medida que va pasando el tiempo la última alternativa que le va quedando es sacarnos del Cafta y eso sería fulminante. Y el impacto no sería al gobierno, que es al que le quieren mandar el mensaje, sino a la economía del país”.

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

No es boicot contra la economía

Según el presidente de APEN, ni la UE ni Estados Unidos quieren afectar la economía. Lo que están promoviendo no es un boicot, ni bloqueo. Pero ante la falta de respuesta de Ortega y el incremento de su represión, es una de las últimas opciones que les va quedando.

Además de la aplicación de la clausula democrática del AdA, la resolución de los eurodiputados aprobada el 8 de octubre también contempla otras acciones. Pide al Consejo de la UE que de concretarse las amenazas  de Ortega y no retomarse el  Dialogo Nacional para aprobar las reformas electorales necesarias:

  • Amplíe la lista de personas y entidades susceptibles de sanción. Incluidos el presidente y vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicar al pueblo de Nicaragua
  • Establezca con urgencia un mecanismo mundial de derechos humanos de la Unión Europea
  • Envíe cuanto antes a Nicaragua una delegación del Parlamento con el fin de reanudar el seguimiento de la situación en el país. E insta a las autoridades nicaragüenses a permitir su entrada sin restricciones de acceso a todos los interlocutores e instalaciones
  • Continúe e intensifique su apoyo material y técnico a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación independientes
  • Pida a la Delegación de la UE en Nicaragua y a las de los Estados miembros con misiones sobre el terreno, que apliquen plenamente las directrices sobre defensores de los derechos humanos

Esta resolución es para instar a la Comisión de la UE a actuar. Pero si el régimen continúa con sus planes y aprueba las leyes, los eurodiputados podría seguir presionando y en unos meses lograr su objetivo.

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