Ortega no quiere pagar costo de inhibir al candidato opositor y quiere forzar a los partidos a hacerlo»
Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) se inscribe en el CSE. Foto: Cortesía
Lucydalia Baca Castellón
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“Básicamente (Ortega) está diciendo, yo ya tomé la decisión, no quiero a estas personas de candidatos. Pero como ya hice algo que me está costando muy caro; lo de Cristiana Chamorro, entonces ahora con Maradiaga o con los que vengan vamos a hacerlo de otra manera”, asegura el politólogo José Antonio Peraza
Mientras la “arbitraria e ilegal” encarcelación y suspensión de los derechos políticos de la precandidata Cristiana Chamorro, sigue provocando la condena nacional e internacional; en un intento por inhibir a la mayoría de candidatos opositores, el Consejo Supremo Electoral (CSE) advirtió a los partidos políticos que no deben inscribir candidatos que no cumplan los requisitos establecidos por el régimen en la Constitución y la Ley Electoral.
La advertencia ha sido calificada por algunos precandidatos como un chantaje e intimidación para evitar la participación de los opositores en la contienda; y una forma de evadir la responsabilidad que implicará inhibir al candidato de la oposición.
Aún la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), que promueve un proceso de selección de candidato único, para representar a la oposición en los comicios de noviembre, no se pronunció sobre el tema. Algunos de sus integrantes dijeron que lo haría la próxima semana, después de consultar con especialistas.
Con respecto a los requisitos establecidos por en el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua; la resolución menciona entre otras cosas la exigencia de haber “residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección; salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero”.
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Los opositores consideran que con ello se pretende inhibir a Félix Maradiaga; candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Recientemente, él inició el trámite para inscribirse en el proceso de selección de candidato único de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).
Maradiaga dice que no cambió de residencia
Durante la Rebelión de Abril, además de recibir agresiones físicas de parte de paramilitares y policías del régimen; el Ministerio Público acusó a Maradiaga —en septiembre de 2018 — de dirigir una red terrorista durante el inicio de las protestas antigubernamentales, lo que lo obligó a salir al exilio y regresar en septiembre de 2019. Sin embargo, considera que el inciso referido a vivir en el país los cuatro años previos a la elección no se le puede aplicar; porque oficialmente nunca cambió de residencia.
“En base a la jurisprudencia del propio CSE no debería existir ninguna inhibición constitucional para los nicaragüenses que en algún momento hayamos salido del país; como fue mi caso, pero que nunca cambiamos residencia. En otras palabras, aquellas personas que hemos salido del país ya sea con visa de turista o cualquier otra visa de no residente; y además nunca solicitamos ni asilo ni refugio ni residencia en otro país, no estamos constitucionalmente inhibidos”.
Félix Maradiaga, candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)
El acuerdo emitido por el CSE también advierte que los partidos no pueden inscribir en sus lista de candidatos a nicaragüenses inhibidos por las recién aprobadas leyes. Menciona la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; conocida como la Ley Putin y la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; estas califican a los opositores como “traidores a la Patria” y les prohíben optar a cargos públicos. Esta ley es conocida como Ley Guillotina. Ambas fueron aprobadas hace pocos meses por la Asamblea Nacional, bajo control de Ortega, precisamente preparando el camino para esta etapa de inhibiciones del fraude.
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Ley no es retroactiva y amnistía perdonó
Para José Antonio Peraza, politólogo miembro del Grupo Pro Reformas Electorales, "aunque del régimen puede esperarse cualquier cosa"; la aplicación de la Leyes 1040 y 1055 es muy difícil. Especialmente porque no pueden ser retroactivas; también porque se aprobó una amnistía que “perdonó” las supuestas actuaciones que ambas castigan con inhibición a optar a cargos públicos.
Maradiaga considera la advertencia como un claro chantaje. Pues amenaza a los partidos con aplicarles la receta de cancelación de personería jurídica; misma que aplicó al Partido de Restauración Democrática (PRD), por firmar una alianza de hecho con organizaciones opositoras.
La casilla del PRD sería usada por el candidato de la Coalición Nacional. Al perderla la mayoría de los precandidatos de esa organización, incluido Maradiaga, iniciaron un proceso de inscripción en la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).
El candidato Juan Sebastián Chamorro, considera que Ortega está tratando de usar este combo de leyes para intimidar a los partidos; y además, inhibir ilegalmente a los opositores para facilitar su permanencia en el poder.
Dictador quiere facilitar su triunfo
“Ortega le teme al proceso electoral y quiere que este sea lo más cómodo para él. Ortega ya está viejo y está encerrado detrás de una muralla lejos de toda realidad. Se sostiene solo por las armas de su policía que le es obedientemente fiel”, expresó Chamorro.
Por ello considera que en los dos meses que restan para inscribir a los candidatos, se debe esperar de todo por parte del CSE; y admite que de las decisiones ese poder del Estado, depende la participación de los opositores en las votaciones del 7 de noviembre.
“De darse una inhibición masiva de verdaderos opositores como candidatos a la presidencia; o si se da la eliminación de la personería jurídica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, quedaría claro que la dictadura habrá cerrado toda posibilidad de elecciones”.
Juan Sebastián Chamorro, candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL)
Por su parte Peraza considera que el CSE lo que intenta es evadir la responsabilidad y el costo político que implicará inhibir al candidato de la oposición; y por eso traslada la responsabilidad a los partidos políticos.
Quiere evadir costo político de inhibiciones
“Básicamente está diciendo, yo ya tomé la decisión, no quiero a estas personas de candidatos. Pero como ya hice algo que me está costando muy caro; lo de Cristiana Chamorro, entonces ahora con Maradiaga o con los que vengan vamos a hacerlo de otra manera”.
José Antonio Peraza, politólogo integrante del Grupo Pro Reformas Electorales
Al obligar a los partidos, de manera especial a ACxL a inhibir a candidatos, el CSE pretende evadir una responsabilidad ante la opinión pública nacional e internacional. Pero también provocará, según Peraza, más fricciones y división entre los grupos opositores.
Chamorro considera que mientras siga abierta la posibilidad de participar en los comicios, los opositores deben seguir denunciando los atropellos del régimen; pero también luchando por la recuperación de los derechos confiscados por la dictadura.
Maradiaga invitó a los partidos a “no reconocer este acto cobarde”, con el que Ortega quiere sacar de competencia a los opositores. Y aunque la advertencia se hace bajo amenaza de aplicar sanciones; el documento emitido por el CSE no menciona el tipo de castigo que impondrían si se incumple lo ordenado.
En tanto, Peraza considera que el problema es que el actual CSE tiene demasiada “discrecionalidad”; entonces irá acomodando el proceso de la forma que beneficie a Ortega.
Exigen liberación de Cristiana Chamorro y elecciones libres
Mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) amenaza a los partidos para que inhiban a los actuales aspirantes a la candidatura presidencial; la condena internacional por el encarcelamiento e inhibición de Cristiana Chamorro sigue en aumento. Un grupo de eurodiputados reiteró el llamado a aprobar las reformas que garanticen elecciones libres y transparentes; de no hacerlo, consideran que debe activarse la cláusula democrática incluida en el Acuerdo de Asociación (AdA); este otorga beneficios arancelarios a los productos nicaragüenses en el mercado de la Unión Europea. Por su parte el Gobierno de Estados Unidos exigió la liberación inmediata de Chamorro y amenazó con responder bilateral y multilateralmente si el régimen no la libera y garantiza elecciones libres.
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